PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO CAMPAÑA BOLIVIANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Exigencia al Ministerio de Educación para presentar una política integral que garantice el derecho a la educación en Bolivia
La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), instancia que articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y activistas, reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental y habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos.
En fecha 31 de julio de 2020 se emitió la Resolución Ministerial 0050/2020 que determina la clausura de la gestión escolar para los ciclos inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio, argumentando el riesgo por la pandemia COVID-19 y el “retraso tecnológico producto de las últimas décadas”. Ante esta determinación, diversos sectores educativos en estado de emergencia se movilizaron en rechazo a la medida por ser atentatoria al derecho a la educación y un factor que profundiza desigualdades sociales en el país.
En este proceso la CBDE y otras instancias de sociedad civil exhortaron al Ministerio de Educación a no infringir el marco constitucional que determina que la educación es una “función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Artículo 77) y que “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Artículo 17).
El 19 de agosto de 2020, ante múltiples reclamos y exigencia de derogación de la Resolución Ministerial 0050/2020 desde sectores educativos, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, entre las que con firmeza estuvo la CBDE, y dando lugar a la Acción Popular presentada por la diputada Lidia Patty, la Sala Constitucional Primera de Justicia de La Paz emite el fallo que deja sin efecto la Resolución Ministerial 0050/2020 y conmina al Órgano Ejecutivo a presentar, en un plazo no mayor a diez días, un plan educativo integral, acordado con maestros, estudiantes, madres y padres de familia entre otros actores principales de la educación.
Manifestamos nuestra preocupación ante la respuesta del Ministerio de Educación que rechaza el fallo argumentando su “trasfondo político partidario” y una supuesta “obligatoriedad” de retorno a clases presenciales. La CBDE considera que esta postura profundiza la crisis educativa y desvía el sentido fundamental del fallo que conmina al Ministerio de Educación a presentar una política pública integral que garantice el derecho a la educación en el país, así como gran parte de la población le exigió en reiteradas oportunidades desde el inicio de la pandemia.
Siguiendo lo expuesto, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación:
- Exhorta al Ministerio de Educación a asumir su rol constitucional de garante del derecho a la educación a través del desarrollo de un plan integral de educación, acompañado de un presupuesto adecuado y suficiente que permita a las y los estudiantes del sistema educativo contar con una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que no amplíe las desigualdades socioeconómicas de la población ni genere brechas educativas en el acceso a nuevas tecnologías de la comunicación e información y diferencias entre unidades educativas fiscales y privadas y entre el área rural y urbana.
- Reafirma la urgencia de un diálogo nacional con los sectores fundamentales de la educación para responder a la construcción colectiva del plan integral de educación. El Ministerio de Educación debe propiciar espacios de consenso junto a organizaciones de maestras y maestros, estudiantes, madres y padres de familia para recuperar sus análisis, reflexiones y propuestas de cara a la crisis del sistema educativo.
- Exige el aprovechamiento de las circunstancias actuales para la reorganización de los contenidos curriculares de todos los niveles, dosificándolos, junto a los maestros y maestras e incorporando en ellos temas esenciales como la alimentación adecuada, el cuidado del medio ambiente, la educación integral de la sexualidad, la equidad de género, la prevención de violencias, el manejo sostenible de la economía, así como la reorganización de los recursos pedagógicos y evaluativos. De la misma forma, se puede aprovechar este periodo para la adecuación y mejoramiento de infraestructuras escolares, pero también, para la reorganización de la población estudiantil y de maestras y maestros en ellos, con el objetivo de erradicar las diferencias y exclusión social entre escuelas y colegios calificados como de “mayor y menor prestigio”, devolviendo así, la equidad en el derecho a la educación a estudiantes que viven en periferias.
- Exige que el plan integral de educación debe incluir acuerdos con medios de comunicación del país para la difusión obligatoria de espacios y contenidos educativos que permitan a las niñas, niños y adolescentes tener acceso a información educativa de calidad que contribuya a su aprendizaje y haga frente a un posible rezago escolar.
Finalmente, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación insta, por cuarta vez, a que el Ministerio de Educación promueva un espacio de encuentro nacional con participación de todas las organizaciones y sectores sociales educativos: magisterio, padres/madres de familia, organizaciones estudiantiles para consensuar el plan educativo que le ha exigido presentar la Sala Constitucional Primera de Justicia de La Paz a través de su fallo emitido. Así también, convoca a las diversas comunidades educativas y sociedad civil en su conjunto a defender el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
POR LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
PÚBLICA, GRATUITA, INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
25 de agosto de 2020
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